Escuche esta historia
--:--
4:34
Joe Biden válida una ley sobre el gobierno de Nicaragua
Funcionarios estadounidenses apoyaron el miércoles un proyecto de ley que da porte a nuevos apoyos que apuntan a ampliar la presión sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
El proyecto de ley llega solo unos días antes de las elecciones en el país, que han sido calificadas de "engañosas" por la detención y expulsión de varias personas de la resistencia. Simultáneamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió la llegada de 14 detenidos políticos.
La presión sobre la autoridad pública del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se amplía un par de días antes de las decisiones en el país. Este es uno de los objetivos de un proyecto de ley respaldado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La promulgación trata de exigir sanciones contra los responsables de hacer "injustificables" las carreras de la nación, al tiempo que menciona al gobierno de Estados Unidos para que inspeccione oficialmente el interés de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central.
El proyecto de ley 387-35 contó con una amplia ayuda bipartidista. Un logro celebrado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.
"Rara vez los republicanos y los demócratas se reúnen en estos días para abordar un tema tan difícil, sin embargo, este proyecto de ley es la excepción poco común. Estamos asistiendo al ataque tirano más terrible contra un gobierno de mayoría en América Latina en muchos años", dijo el congresista.
Así mismo, en su cuenta de Twitter, dijo que se "alegraba" del proyecto de ley y señaló: "No podemos tomar distancia de los individuos de Nicaragua que gritan abatidos.
El respaldo se produce a pocos días de las carreras oficiales del país el domingo, que se producirán en un escenario de capturas y destituciones de diferentes figuras políticas de la resistencia. Estas manifestaciones han sido censuradas por Estados Unidos, además de la Unión Europea, así como por asociaciones de libertades comunes.
Por ello, la ley, llamada también RENACER, intentará organizar la contraofensiva a Ortega con la Unión Europea y Canadá.
Los administradores están pendientes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme el objetivo con el fin de que se cierre el círculo.
Esto llevaría, a pesar de las autorizaciones, a que el gobierno de Estados Unidos vea la injusticia de la familia Ortega, a pesar de las negaciones de libertades básicas por parte de los especialistas del país centroamericano.
Las nuevas autorizaciones serían sin perjuicio de las actuales, por las que Estados Unidos confina el movimiento de muchas autoridades nicaragüenses y que habían llevado a Ortega a atestiguar que los contragolpes de los norteamericanos no lo desanimarían a "cumplir la ley" sobre las personas que planean contra él.
La CIDH exige la llegada de 14 legisladores de la resistencia confinados.
Nicaragua siente presión
Las decisiones de Nicaragua están a pocos días de distancia. Estas decisiones, apartadas por la contención de los adversarios y el desprecio de los medios de comunicación al Gobierno, ponen de relieve que Ortega ha ganado su cuarto mandato sucesivo.
En esta circunstancia concreta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Nicaragua la entrega de 14 detenidos que han sido confinados últimamente.
Entre ellos se encuentra la funcionaria de confianza Cristina Chamorro, quien fue enviada a prisión domiciliaria el 2 de junio por el delito de "injusticia" y afirmación de evasión fiscal ilegal.
Las contiendas en Nicaragua se perfilan dentro de un escenario de capturas de rivales y desprestigio mediático de la autoridad pública de Daniel Ortega, quien busca su cuarto mandato en el poder.
La Corte insistió en que las capturas se dan "en un escenario de acoso a las personas que se manifiestan contrarias a las disposiciones del actual Gobierno de Nicaragua, de sus socios más cercanos y de los trabajadores, lo que se ha exacerbado para el presente año con la proximidad de las decisiones globales que se producirán en poco tiempo".
Además, censuró que gran parte de las capturas se hayan realizado de forma esporádica sin la presencia de los abogados de los presos.
Esta no es la primera ocasión en la que la CIDH dicta medidas para los rivales mantenidos en Nicaragua. De hecho, en junio y septiembre el tribunal solicitó la llegada de otros detenidos políticos. En cualquier caso, el gobierno de Ortega no ha reaccionado a ninguna de las peticiones.
