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Marchas masivas se desatan en Bolivia por la Ley madre
Otra emergencia política sacude los caminos de Bolivia
Este miércoles la nación sudamericana se sumergió en la tercera jornada consecutiva de luchas contra el gobierno que, en lo que va de la semana, han provocado conflictos entre manifestantes y policías; además de acontecimientos identificados con la decisión Movimiento al Socialismo (MAS).
Los mayores conflictos se han producido en las localidades de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija y Cochabamba. También ha habido luchas en La Paz, Oruro y Beni.
La protesta inicia con la desestimación de la cuestionada ley 1386, también llamada "ley madre", refrendada en agosto y escudriñada por tertulianos y rivales que consideran que otorga al poder público un poder exorbitante y facultativo.
Desde el partido de la decisión, en todo caso, se desestima la protesta y se la considera un instrumento con el que "socavar" el poder público del presidente Luis Arce. El lunes fue el día más repleto y se produjeron más de 100 capturas y unos cuantos perjudicados.
La protesta, que ha sido calificada como una "huelga interminable", ha quedado retratada por las diversas barreras que han hecho los manifestantes y por las mediaciones de la policía para dispersarlos, que han sido censuradas por su evidente crueldad.
¿Qué es la "ley madre"?
La Ley 1386 sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la Financiación del Terrorismo, también llamada "ley madre", fue sancionada en agosto pasado y, como su nombre lo recomienda, tiene como objetivo oficial combatir la evasión fiscal ilegal.
La ley contiene 7 artículos, entre ellos uno que establece que este procedimiento puede ser alterado por el mandatario mediante un pronunciamiento.
Así mismo, adjunta la metodología real, que es un archivo especializado de 54 páginas que establece la preparación para su ejecución.
¿Por qué razón está provocando conflictos?
El Comité Nacional para la Defensa de la Democracia (Conade), una de las asociaciones que escudriñan la ley, hizo pública una lista de 11 problemas con la ley y mencionó su anulación, alegando que su motivación es "crear actividades de conocimiento monetario contra la población, control de los ejercicios financieros de los individuos, maltrato y terror, excluyendo de esta interacción la conducta supercriminal que produce beneficios ilegales, que es el tráfico de drogas".
Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso alterar el artículo que prevé la posibilidad de que el dirigente cambie la norma por pronunciamiento para evitar que sea utilizada por las legislaturas "para producir estados de maltrato político".
Los preparativos contra esta norma han sido impulsados sobre todo por los desarrollos de las asociaciones y organizaciones de trabajadores.
"Son los pequeños comerciantes, la gran mayoría de ellos en sectores empresariales y viales, los transportistas, que son choferes y propietarios de método para el transporte, y actualmente van a participar los serviciales mineros", dijo a BBC Mundo Roberto Laserna, especialista social asociado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
Laserna aclara que estas zonas son demográficamente enormes y financieramente significativas por el hecho de que manejan muchos activos, pero que en su mayoría trabajan en la economía informal, razón por la cual temen ser impactados por la nueva promulgación.
La policía ha sido abordada por la forma en que se ha enfrentado a los, manifestantes.
Laserna dice que la norma considera es un examen de una amplia gama de intercambios en cualquier libro de contabilidad dudosa, y no como en diferentes regiones del planeta, donde solo uno de cada registro impar puede ser investigado, sin embargo, solo aquellos cuyas tareas superan sumas explícitas.
Entonces, en ese momento, se podría asociar a las dudas y, debido a ellas, un examinador podría disponer, por ejemplo, la congelación de los registros, haya o no motivación para hacerlo, llama la atención.
Además, esto ocurre en una nación donde una enorme parte de la población tiene un lugar con el área casual de la economía.
Es decir, son individuos que no tienen papeles excepcionales, que trabajan mucho sin contrato, por lo que les es más difícil aclarar de dónde o cómo cobraron el dinero para comprar una casa, un camión o un vehículo y eso hace que los individuos estén muy furiosos y sean excepcionalmente dudosos.
¿Qué dice la autoridad pública?
El presidente Luis Arce blindó este miércoles la legitimidad de la ley madre y culpó a los "conservadores" de instigar peleas la norma para evitar que avancen los exámenes legales y lograr "la exención por lo ocurrido en 2019 con la rebelión".
El supuesto "casó rebelión" es un examen abierto contra los pioneros de la resistencia por la emergencia política ocurrida en 2019 que provocó la abdicación y el despegue de la fuerza del entonces presidente Evo Morales.
Hay que estar loco para creer que nuestra administración va a influir en los menos afortunados, dijo Arce, según auditaron medios vecinales.
La semana pasada, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó que la Ley 1386 influya en los trabajadores asociativos o en los transportistas y garantizó que unos pocos tertulianos han querido descifrarla como tal para socavar la autoridad pública.
Otros portavoces del Gobierno, como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, han dicho explícitamente que esta ley no influye en el ámbito ocasional, sino en los individuos que avanzan ilegalmente.
A pesar de ello, expertos de la ley han sacado a relucir que una de las marcas de la técnica avalada junto con la ley hace referencia al "tema de la casualidad" y expresa explícitamente que "la familiaridad produce varias libertades para que el delincuente ingrese a la economía con los réditos del ilícito y pueda hacerlo en forma secreta y sin dejar ningún tipo de registro que permita su ubicación por los especialistas".
¿Cómo contrastan estas luchas con las de 2019
Las luchas contra la ley madre han sido consideradas desde el poder público como un empeño de desestabilización"impulsado por los conservadores, a los que el partido de la decisión achaca además la obligación respecto a la emergencia política vivida en 2019.
En un artículo distribuido en el diario La Razón, el columnista Rubén Atahuichi hace algunas equiparaciones entre lo ocurrido en 2019 y lo que ocurre en este momento.
"En uno de sus discursos, el líder del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, conjuró a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que se unan a los individuos, como lo hizo su arquetipo Luis Fernando Camacho, actual jefe legislativo de Santa Cruz.
El 2 de noviembre de 2019, cuando impulsó las peleas que terminaron con la derrota del presidente Evo Morales, compone vía modelo.
Para terminar más adelante que no es la destitución de la ley lo que los impulsa.
"Definitivamente conocemos el contenido. No es el voto lo que hacen, buscan retorcer el país para sus propios cierres, bajo la apariencia de cualquier cosa", añade.
El examericanista Roberto Laserna coincide en que es concebible que entre quienes adelantan los espectáculos ahora haya "ciertos individuos" deseosos de debilitar al poder público, sin embargo, opina que no hay correlación con lo ocurrido dos años antes.
La disidencia de 2019 fue mucho más fundamentada, fue bastante más explícita. Había una somnolencia muy grande para una administración que había aguantado 14 años y no había mirado la Constitución, no había mirado el mandato.
A partir de ahora, confiaremos en que no exista ese peligro. Tal vez algunas agrupaciones tengan la fantasía de derribar la administración de Luis Arce con este tipo de tensión, pero acepto que esto no ocurrirá y no debería ocurrir posiblemente, señala.
Laserna garantiza que la autoridad pública tiene autenticidad política y popular, al haber ganado las elecciones y adquirido una mayor parte en el Parlamento.
El maestro tampoco considera que la cuestión fundamental sea la Ley 1386 y se centra más bien en una cuestión de duda sumada en el poder público, en el marco de la equidad y en los establecimientos.
"La ley es un detonante de un tema de confianza en la seriedad del poder público basada en el voto y de confianza en los organismos institucionales que aseguran las libertades de los habitantes", le dice a BBC Mundo.
Atestigua que la ley contiene varios instrumentos de coacción y maltrato que podrían ser mal manejados para la opresión política y que fue aprobada en un escenario en el que los residentes han perdido toda la confianza en el conjunto general de leyes.
Laserna dice que echa de menos una actitud seriamente discursiva respecto al gobierno de Arce, que llegó a controlar "ofreciendo un compromiso y ofreciendo un cambio de equidad, que no se han visto en el presente año".
El maestro considera "insólito" cómo podría desarrollarse esta contienda, pero se centra en que no es correcto avanzar hacia lo que sería un conflicto entre la autoridad pública y la resistencia política, a la luz del hecho de que el genuino motor de las luchas no es la resistencia sino los desarrollos de los trabajadores en la economía informal.
Son desarrollos de extracción excepcionalmente famosa, autóctonos, enmarcados ordinariamente por viajeros rústicos a la ciudad, al igual que el área de vehículos y las cooperativas.
El poder público debería prestar mucha atención, ya que no son minorías, son zonas excepcionalmente amplias y sorprendentes, que están excepcionalmente coordinadas", advierte.
